El millonario proyecto de la empresa Gas y Petroquímica de Occidente (GPO) para instalar una planta de amoníaco en Topolobampo, Sinaloa, camina sobre una delgada línea entre el desarrollo industrial y la violación sistemática de los derechos humanos. Detrás de los discursos oficiales y la entrega de bastones de mando, se esconde una larga batalla jurídica donde las comunidades originarias yoreme-mayo acusan el despojo de su territorio ancestral.
El freno de la SCJN y la consulta simulada
El conflicto socioambiental escaló hasta los tribunales más altos del país. En abril de 2022, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió un fallo histórico al conceder amparos a los habitantes originarios de Ohuira, Lázaro Cárdenas y Paredones. La resolución de la Corte fue contundente: determinó que las autoridades federales violaron el Convenio 169 de la OIT al otorgar los permisos ambientales a GPO sin haber consultado previamente a los pueblos indígenas.
Sin embargo, lo que debió ser un triunfo para la justicia comunitaria terminó convirtiéndose en una maniobra política. Los comités en defensa del territorio denuncian que la consulta indígena realizada posteriormente por la Semarnat estuvo plagada de irregularidades, coacción y divisionismo comunitario impulsado por los recursos de la empresa suizo-alemana Proman (matriz de GPO). “Nos consultaron cuando los cimientos ya estaban puestos; eso no es una consulta previa, es una imposición disfrazada”, señalan los líderes tradicionales.
Una bomba de tiempo en un Sitio Ramsar
El complejo petroquímico pretende producir más de 2,200 toneladas diarias de amoníaco anhidro, un gas altamente tóxico y corrosivo. Los reportajes de investigación de medios independientes y organizaciones ambientalistas internacionales advierten que la planta se ubica exactamente en la Bahía de Ohuira, un ecosistema protegido por el Convenio internacional Ramsar.
Los riesgos técnicos documentados incluyen:
• Ecocidio térmico: El sistema de enfriamiento de la planta succionará millones de litros de agua de la bahía y la devolverá con temperaturas elevadas y residuos químicos, destruyendo las larvas de camarón, jaiba y el plancton que sostiene la vida marina.
• Asfixia económica: La muerte del ecosistema significa la sentencia de muerte para la pesca artesanal, la única actividad económica y de subsistencia de las familias yoreme-mayo de la región.
• Peligro de catástrofe química: Al ser una zona impactada constantemente por huracanes, una fuga mayor de amoníaco en las inmediaciones de los poblados nativos —que carecen de infraestructura hospitalaria y rutas de evacuación— provocaría una tragedia humanitaria de consecuencias fatales.
Para los defensores de la Bahía de Ohuira, el avance del proyecto petroquímico de GPO exhibe la mayor de las incongruencias políticas. Quienes gobiernan y operan a favor de los intereses del consorcio industrial no dudaron en recibir con solemnidad el bastón de mando de las comunidades originarias.
Hoy, ese símbolo sagrado de protección y servicio a los pueblos indígenas ha quedado relegado frente a una inversión de 1,200 millones de dólares. El caso de Topolobampo demuestra que, para el poder político, la fe popular y el respeto ancestral terminan donde comienzan los negocios de la industria pesada.
