SCJN invalida reglamento de Tepic que prohibía peleas de gallos y espectáculos taurinos

Las peleas de gallos, corridas de toros y otros espectáculos con animales podrán volver a realizarse en Tepic, Nayarit, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dejara sin efectos el reglamento municipal que los prohibía desde mayo de 2022.

Con una votación de seis ministros a favor y tres en contra, el Pleno del máximo tribunal determinó que el Ayuntamiento de Tepic excedió sus atribuciones al establecer una prohibición absoluta, ya que esta medida contravenía la legislación estatal, la cual permite dichas actividades bajo un esquema de regulación. La Corte concluyó que el reglamento municipal vulneraba el principio de subordinación jerárquica, que obliga a los municipios a ajustarse a las leyes estatales.

La resolución derivó del proyecto presentado por la ministra Yasmín Esquivel Mossa, mediante el cual se declaró la inconstitucionalidad de diversas fracciones del artículo 19 del Reglamento de Bienestar Animal de Tepic, que impedían el uso de animales en espectáculos como la tauromaquia, peleas de gallos, actos de magia y otras actividades consideradas como crueles o indignas.

El origen del caso se remonta a junio de 2022, cuando la Comisión Mexicana de Promoción Gallística impugnó la norma municipal. Aunque en un inicio un juez federal negó el amparo, el asunto fue revisado por un tribunal colegiado y posteriormente atraído por la Suprema Corte debido a su relevancia constitucional.

En agosto de 2024, la Segunda Sala del alto tribunal ya había declarado inconstitucional el precepto impugnado. Más tarde, en septiembre, la Corte otorgó al Ayuntamiento de Tepic un plazo de 90 días para corregir las irregularidades del reglamento, plazo que venció sin que se realizaran modificaciones.

Durante la discusión final, algunos ministros manifestaron su desacuerdo. Entre ellos, la ministra Lenia Batres Guadarrama sostuvo que la decisión deja de lado la protección constitucional contra el maltrato animal y elimina un marco normativo que impedía prácticas que, a su juicio, implican sufrimiento y muerte de animales con fines recreativos.

La resolución ha reavivado el debate nacional entre bienestar animal, regulación legal y tradiciones, al tiempo que establece un criterio sobre los límites de los reglamentos municipales frente a las leyes estatales.

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